Tomado de El País.-  PABLO ORDAZ 2012 - 12:43 CET.-Durante once años, el Parlamento italiano fue una sastrería de lujo. Allí acudía el entonces primer ministro Silvio Berlusconi para confeccionarse trajes de inmunidad a medida. El 13 de abril de 2011, por ejemplo, la Cámara de Diputados aprobó por los pelos —314 votos a favor frente a 296 en contra— una ley que el Gobierno llamó de “prescripción breve” y la oposición de “amnistía disfrazada”. Su propósito, en teoría, era recortar en un 10% el tiempo de prescripción de los delitos para los imputados sin condenas previas. Su objetivo, según el clamor popular, era librar a Berlusconi de una condena en el caso Mills, en el que estaba imputado por el presunto soborno de un abogado británico al que habría pagado 450.000 euros para que mintiese en su favor. Ahora se acaba de constatar que los que pensaron mal estaban en lo cierto. Ni un año después, el Tribunal de Milán ha declarado prescrito el cargo por “corrupción en acto judicial” del que estaba acusado Berlusconi y por el que le podrían haber caído hasta cinco años de condena.

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Tras el fallo, el fiscal del caso, Fabio de Pasquale, despachó a los periodistas con una frase: “Es inútil comentar”. Tan inútil como acusar a Silvio Berlusconi. El caso Mills es la metáfora perfecta de su largo periodo al frente del Gobierno de Italia. Donde no podía llegar su dinero —la todopoderosa chequera de uno de los hombres más ricos de Europa—, llegaba su poder político: durante su mandato, Il Cavaliere aprobó 29 leyes o decretos a la medida que le ayudaron a frenar o a librarse directamente de 28 procesos en su contra.

La cronología del caso habla por sí sola. En 2007, el abogado británico David Mills y el entonces primer ministro italiano son imputados por un presunto delito de “corrupción en acto judicial”. La fiscalía de Milán acusa a Silvio Berlusconi de haber pagado en 1999 al letrado 450.000 euros en acciones de Fininvest —una de sus empresas— como agradecimiento por haber mentido a su favor en sendos juicios por corrupción de los que, cómo no, salió absuelto. Al año siguiente, 2008, el caso tiene que ser dividido en dos procesos paralelos en virtud de una ley de inmunidad aprobada por el hoy delfín de Berlusconi, Angelino Alfano, entonces ministro de Justicia, según la cual no es posible juzgar a los cuatro altos cargos de la República —presidente, primer ministro y los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado— mientras estén en el uso del cargo. Un año después —febrero de 2009—, el abogado David Mills es condenado por un juez de Milán a cuatro años y medio de cárcel por corrupción en acto judicial. “En un país normal”, dijo entonces el exfiscal Antonio Di Pietro, “el presidente del Consejo de Ministros habría presentado ya la dimisión. Si hay un corrupto, hay un corruptor. Pero ya se sabe cómo son las cosas en Italia”. Berlusconi no solo siguió en su puesto, sino que pudo ver con agrado cómo, justo un año después, el Tribunal Supremo anulaba la sentencia a Mills porque el delito había prescrito... por unos días. Según la sentencia, el supuesto soborno de Berlusconi se materializó cuando envió el dinero al abogado y no cuando éste lo utilizó. O sea, en noviembre de 1999 y no en febrero de 2000.

Tras la salida del Gobierno —a mediados de noviembre de 2011—, Silvio Berlusconi quedó expuesto de nuevo a la justicia. De hecho, durante los últimos días, el anterior primer ministro no solo se ha lamentado en público por lo que considera una cacería de los jueces comunistas: “Se han inventado 100 procesos judiciales contra mí, no solo tengo el récord mundial, sino el de todo el sistema solar”. También ha invocado la protección del primer ministro Mario Monti. La preocupación que denotaban sus declaraciones alimentó la ilusión de sus detractores. Una condena hubiera sido interpretada como el principio del final de un régimen. Pero todavía habrá que esperar. Se fue Berlusconi, pero queda el berlusconismo. Los 11 años de Gobiernos inútiles para Italia no lo fueron tanto para él y sus empresas. El traje de inmunidad lentamente tejido a base de dinero y leyes aún mantiene sus poderes.

Tres juicios todavía pendientes

LUCIA MAGI, BOLONIA

En el Tribunal de Milán, aún quedan tres causas abiertas contra el ex primer ministro italiano. La gestión opaca de sus empresas y de los beneficios que producen le obliga a sentarse en el banquillo por cohecho y fraude fiscal en la compraventa de derechos para las cadenas de Mediaset, su grupo televisivo. Los fiscales Fabio De Pasquale y Sergio Spadaro mantienen que Silvio Berlusconi y otros imputados que trabajaban con él —por ejemplo, su hijo Pier Silvio— inflaban los costes de los derechos que compraban en el extranjero para sacar el dinero fuera del país y estafar Hacienda. El juicio ya está encarrilado en primera instancia y debería prescribir en 2014.

Mientras, siguen las vistas del caso Ruby, sobre las fiestas organizadas por Il Cavaliere en su finca de Arcore. Berlusconi está acusado de inducción a la prostitución de menores de edad y corrupción.

El 7 de febrero se abrió otro frente para los defensores del exjefe de Gobierno: su nombre se añadió al de su hermano Paolo, editor del diario Il Giornale, como imputado por contribuir a revelar secretos oficiales mediante escuchas ilegales. El 31 de diciembre de 2005, el periódico de la familia Berlusconi publicó el contenido de una conversación telefónica entre Piero Fassino, ahora alcalde de Turín y entonces secretario de los Democráticos de Izquierdas, y Gianni Consorte, ex presidente del grupo financiero Unipol. La conversación había sido intervenida por la policía pero no había sido aún transcrita por los investigadores, cuando los hermanos se hicieron con una memoria USB robada y decidieron publicarla.

El exprimer ministro italiano, este sábado en Roma. / STRINGER (EFE)

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Fuente:El País